No existen listas cerradas por sector: la norma es común y lo que varía es qué gastos son propios de cada actividad y cómo se acredita su correlación con los ingresos. Lo que sí es sectorial son los puntos de fricción y las excepciones tasadas —vehículos en transporte y autoescuelas, exenciones en sanidad y enseñanza, inversión del sujeto pasivo en construcción—.

La Administración aplica filtros de riesgo por actividad, comparando ratios de gastos sobre ingresos, márgenes y consumos con los valores habituales del sector. Una desviación significativa respecto de la media del epígrafe activa la revisión. No implica irregularidad, pero sí conviene poder explicar la desviación con datos.

Sí, salvo que proceda el régimen de sectores diferenciados. Es una situación muy frecuente en sanidad, enseñanza, seguros y actividades inmobiliarias. Determinar cuál de los dos regímenes aplica, y si conviene optar por la prorrata especial, tiene efecto económico directo y conviene revisarlo cada ejercicio.

Sí, en dos aspectos. En el IVA puede activarse el régimen de sectores diferenciados si las actividades son económicamente distintas y sus regímenes de deducción difieren en más de cincuenta puntos. Y en el impuesto directo hay que imputar cada gasto a la actividad que corresponda, con criterios razonables de reparto para los comunes. El registro contable separado por actividad deja de ser opcional en la práctica.

En nuestra experiencia, casi siempre aparecen dos cosas: gastos que no se estaban deduciendo pudiendo hacerlo —amortizaciones, gastos de titularidad del inmueble, IVA de bienes de inversión no regularizado a favor— y posiciones que no resistirían una comprobación. El saldo suele ser favorable al cliente incluso antes de considerar la reducción de riesgo.