Recibir una notificación de inicio de actuaciones de comprobación e investigación genera, comprensiblemente, preocupación en cualquier empresa. La inspección del Impuesto sobre Sociedades es uno de los procedimientos más habituales dentro de la actividad de control de la Agencia Tributaria, y conocer de antemano qué aspectos suelen revisarse permite preparar la documentación con tiempo y reducir el riesgo de una regularización desfavorable. En este artículo repasamos las áreas que más frecuentemente centran la atención de los actuarios y algunas pautas prácticas para afrontar el procedimiento con garantías.
El punto de partida: la comprobación de la base imponible
La AEAT parte del resultado contable declarado y analiza los ajustes fiscales practicados para llegar a la base imponible del impuesto. Esto implica revisar tanto los ingresos computados como, especialmente, los gastos deducidos, verificando que cumplan los requisitos de inscripción contable, imputación temporal, justificación documental y correlación con los ingresos. Cualquier gasto que no supere alguno de estos filtros puede ser objeto de regularización, con el consiguiente incremento de la cuota, intereses de demora y, en función de la conducta del contribuyente, posible sanción.
Gastos de vinculación y operaciones entre partes relacionadas
Las operaciones entre la sociedad y sus socios, administradores o entidades del grupo son uno de los focos prioritarios de inspección. La Administración comprueba que dichas operaciones se hayan valorado a valor de mercado, conforme a las reglas de operaciones vinculadas, y que exista la documentación exigida por la normativa cuando corresponda. Retribuciones de administradores no ajustadas a los estatutos, préstamos entre socio y sociedad sin intereses de mercado o alquileres de locales del propio socio a la empresa son ejemplos recurrentes de ajustes en este ámbito.
Deterioros, provisiones y amortizaciones
Otro bloque habitual de comprobación son las provisiones y deterioros contables, cuya deducibilidad fiscal está sujeta a límites y condiciones específicas que no siempre coinciden con el criterio contable. Igualmente, se revisan las amortizaciones aplicadas, comprobando que los coeficientes utilizados se ajusten a las tablas oficiales o a métodos admitidos, y que los elementos amortizados estén realmente afectos a la actividad y correctamente valorados.
Bases imponibles negativas y deducciones pendientes de aplicar
Cuando la sociedad compensa bases imponibles negativas de ejercicios anteriores o aplica deducciones generadas en periodos previos, la Administración tiene la facultad de comprobar su origen aunque el ejercicio en que se generaron esté prescrito, siempre dentro del plazo específico previsto para este tipo de créditos fiscales. Por ello es fundamental conservar toda la documentación soporte de esas bases y deducciones más allá del plazo general de prescripción, ya que su pérdida documental puede impedir acreditar su procedencia.
Aspectos formales y requerimientos de información
- Coherencia entre la contabilidad, los libros registro y las declaraciones presentadas (modelo 200, pagos fraccionados, retenciones).
- Correcta calificación de ingresos exentos o con bonificación fiscal.
- Justificación de gastos de difícil o dudosa deducibilidad: atenciones a clientes, viajes, vehículos de uso mixto.
- Cumplimiento de las obligaciones de documentación en operaciones vinculadas.
- Trazabilidad de las inversiones y financiación intragrupo.
Ante la amplitud y complejidad de estas comprobaciones, contar con defensa ante inspecciones de la AEAT de ValiTax desde el inicio del procedimiento permite articular una estrategia de respuesta coherente, anticipar los puntos de fricción y preparar alegaciones técnicamente sólidas antes de que se emita el acta correspondiente.
Cómo prepararse antes de que llegue la inspección
La mejor defensa frente a una inspección del Impuesto sobre Sociedades comienza mucho antes de que esta se produzca. Mantener una contabilidad ordenada, archivar sistemáticamente las facturas y contratos que soportan cada gasto, documentar adecuadamente las operaciones vinculadas y revisar periódicamente los criterios fiscales aplicados son medidas preventivas que reducen sensiblemente el riesgo de regularización. En empresas familiares o con estructuras societarias complejas, una revisión previa por parte de el despacho de asesoría fiscal y legal LRB puede detectar contingencias antes de que se conviertan en actas de inspección.
El papel de la comprobación de valores en la inspección
En determinadas inspecciones del Impuesto sobre Sociedades, especialmente cuando existen operaciones de compraventa de activos entre partes vinculadas o aportaciones no dinerarias, la Administración puede iniciar de forma paralela un procedimiento de comprobación de valores para verificar si el precio declarado se ajusta al valor de mercado. Este tipo de comprobación suele apoyarse en dictámenes técnicos, y su resultado puede tener un efecto directo sobre la base imponible del impuesto, generando ajustes adicionales a los que ya se hubieran detectado por otros conceptos. Conocer de antemano que esta posibilidad existe permite a la empresa preparar su propia valoración de respaldo antes de que la Inspección plantee una alternativa unilateral.
Por otro lado, conviene recordar que durante el procedimiento de inspección la empresa tiene derecho a presentar alegaciones, proponer prueba y, en su caso, solicitar la tasación pericial contradictoria cuando la discrepancia se refiera a la valoración de bienes o derechos. Ejercer estos derechos de forma oportuna, dentro de los plazos concedidos por la Administración, es clave para no perder la posibilidad de rebatir con solidez técnica las conclusiones alcanzadas por el actuario a lo largo del procedimiento.
La importancia de la documentación previa a la visita
Antes de que un actuario de la Inspección se persone o solicite la primera documentación, resulta muy conveniente que la empresa realice un ejercicio interno de revisión de sus propios criterios fiscales de los últimos ejercicios no prescritos. Repasar los ajustes extracontables practicados, contrastar las retribuciones de socios con los acuerdos sociales existentes y verificar que las provisiones dotadas cumplen los requisitos legales permite anticipar qué partidas generarán previsiblemente mayor discusión y preparar con tiempo la argumentación técnica necesaria, en lugar de reaccionar de forma apresurada una vez iniciado el procedimiento.
Finalmente, conviene recordar que la actitud colaborativa de la empresa durante el procedimiento, aportando la documentación requerida dentro de plazo y con un mínimo de orden, suele facilitar una interlocución más fluida con el equipo actuario, sin que ello implique renunciar a defender con firmeza los criterios fiscales que la empresa considere correctos ni a hacer valer todos los derechos y garantías reconocidos por la Ley General Tributaria a lo largo de todo el procedimiento inspector.
Además, muchas empresas subestiman el valor de una simulación previa de la propia liquidación que practicaría la Inspección si aplicase de forma estricta los criterios más conservadores sobre las partidas dudosas detectadas internamente; este ejercicio de autodiagnóstico permite dimensionar con realismo el riesgo económico existente y decidir con criterio si conviene explorar una regularización voluntaria antes de que se inicien formalmente las actuaciones de comprobación.
Conclusión
La inspección del Impuesto sobre Sociedades no tiene por qué ser un proceso traumático si la empresa ha mantenido un criterio fiscal prudente y bien documentado. Conocer de antemano qué partidas revisa habitualmente la AEAT —vinculación, provisiones, amortizaciones, bases negativas— permite anticiparse y reforzar los puntos débiles. En cualquier caso, cada procedimiento tiene sus propias particularidades y siempre es recomendable contar con asesoramiento profesional especializado desde el primer requerimiento.
Preguntas frecuentes
¿Cuánto puede durar una inspección del Impuesto sobre Sociedades?
Con carácter general, el plazo máximo es de 18 meses, ampliable a 27 en supuestos de especial complejidad, aunque pueden producirse periodos de interrupción justificada.
¿Puedo aportar documentación nueva durante el procedimiento?
Sí, aunque existen limitaciones si no se aportó en fase de comprobación pudiendo haberlo hecho, por lo que conviene planificar la aportación documental desde el primer requerimiento.
¿Qué diferencia hay entre un acta de conformidad y una de disconformidad?
La conformidad implica aceptar la propuesta de regularización, con reducción de sanciones, mientras que la disconformidad permite recurrir posteriormente, aunque sin esa reducción inicial.
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